Nueva Institucionalidad Municipal, un desafío con sello local

Los hechos ocurridos en octubre de 2019 y el posterior acuerdo político de 15 de noviembre de ese año, llevaron a la dictación de la Ley Nº 21.200, que Modificó el Capítulo XV de la Constitución Política de la República (D.O. 24.12.2019), marcando el inicio de un proceso constituyente que significó la realización de un plebiscito constitucional el pasado octubre, y que contempla las próximas elección de los integrantes de la Convención Constitucional programada para mayo de 2021 y ratificación plebiscitaria luego de terminadas las labores de la Convención, son algunas de las instancias que motivaron a la AMUCH a impulsar un proyecto de reforma constitucional que lleve a una nueva institucionalidad del Estado a nivel local, pensando en la construcción de un nuevo municipio..

Según información entregada por César Rojas, abogado y ProSecretario de la Asociación de Municipalidades de Chile, lo que se busca es “que los municipios estén en función de las necesidades actuales de la ciudadanía y tengan capacidad de adaptación en un futuro que se presenta vertiginoso con el rápido avance tecnológico y necesidades por resolver que son cada vez más complejas”.

Evidentemente, la aprobación para una nueva Constitución marcará el debate y la agenda pública en los dos años que dure el proceso, siendo una ventana de oportunidad para visibilizar las necesarias reformas que necesita la institución descentralizada y desconcentrada del país, a saber, los municipios.

Asimismo, Rojas comenta que esta propuesta se trabajó de manera continua entre el 7 de abril y el 14 de diciembre, en conjunto a académicos que se reunieron en torno a la Mesa Constitucional, en donde se abordaron temas como Fiscalización Municipal, Gobernanza y Participación Ciudadana, Autonomía, Responsabilidad de los alcaldes, Naturaleza Jurídica de las Municipalidades, Atribuciones y Competencias.

Dentro de quienes integraron estas mesas se destaca la participación permanente de académicos como Enrique Navarro Beltrán, Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile y en la Universidad Finis Terrae. Director del Departamento de Derecho Público de Enrique Navarro Beltrán Abogado, Profesor, Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile y en la Universidad Finis Terrae. Director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile. Ex Ministro del Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2012. Director de Estudio de la Corte Suprema entre los años 2002 y 2006. Autor de diversas publicaciones de su especialidad,

Rodolfo Burmeister Valenzuela, Abogado, Magister en Filosofía Política, de la Universidad de Santiago de Chile. Miembro de la Asociación de Derecho Constitucional. Profesor de Derecho Constitucional, introducción al derecho en USACH, Autónoma, Diego Portales, San Sebastián, Las Américas. Profesor del Programa de Formación Ciudadana y Cultura Cívica de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).

Emilio Garrote Campillay, Abogado, Doctor en Derecho. Magister en Derecho Público de la Universidad de los Andes. Chile. Académico de la Universidad de Teoría del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Departamento de Ciencias Jurídicas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Atacama. Copiapó. Autor de diversas publicaciones de su especialidad.// Asociación de Municipalidades de Chile.

Álvaro Delgado Lara, Abogado, Doctorando en Derecho Administrativo en la Universidad de Córdoba (España). Magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Reforma Procesal  Penal y Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad Santo Tomás. Profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Político.

Maximiliano Ravest Ibarra, Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Derecho Cornell University. Profesor de cursos de derecho constitucional, administrativo y municipal en distintas universidades. Autor de diversas publicaciones de su especialidad, entre otros profesionales que aportaron desde sus distintas veredas.

Respecto de cómo fue la manera de trabajar estas mesas, es importante destacar que, para realizar esta propuesta constitucional, se realizaron 32 sesiones, entre los meses de abril y diciembre de 2020 donde se analizó y discutió en profundidad cada una de las reformas que se proponen, además de revisar en diversas sesiones planes de trabajo, minutas y acuerdos de reuniones anteriores.

De tal manera y como sucede en el ámbito legislativo, la clave en la metodología empleada se verificó principalmente en la acuciosa redacción de cada propuesta, con el objetivo de revisar constantemente sus alcances y efectos, como también su relación y armonía con otras disposiciones constitucionales de modo de que no se produzcan contradicciones.

En paralelo, se constituyeron comunidades en las distintas áreas del quehacer municipal de manera online, semanalmente. Así tenemos, mesa finanzas, mesa de asesores jurídicos u observatorio legislativo, mesa de participación ciudadana, mesa de directores de Desarrollo Comunitarios, mesa de educación, mesa de salud y mesa de justicia de policía local. Cuyas consideraciones también fueron atendidas y analizadas en miras de la construcción de una propuesta constitucional que comprendiera acabadamente las visiones de diversos actores .

Cabe destacar que el sello de este proyecto de reforma constitucional tiene relación con la incorporación de una mirada:

• Municipalista

• Enfocada en la eliminación de brechas territoriales

• Innovación en las propuestas atendiendo a la heterogeneidad de las comunas del país.

• Promoción de la gobernanza territorial en distintas escalas, incluyendo actores claves para el desarrollo de las comunas: comunidad, actores privados y no gubernamentales, entre otros.

• Legitimidad en la propuesta, incorporando la visión de múltiples actores relevantes, especialmente, la ciudadanía.

Finalmente, es importante destacar que este proyecto propone una reforma constitucional en la parte correspondiente a “Administración comunal”, dentro del Capítulo XIV de la Carta Fundamental, artículos 118 a 126. Lo anterior, implica generar una modificación a las normas actualmente existentes, como también proponer nuevas disposiciones que vengan a fortalecer la institucionalidad municipal y su autonomía, teniendo como ejes principales, los siguientes:

  • Además de reconocer la heterogeneidad territorial: Necesidad de reconocer con rango constitucional, la heterogeneidad territorial, partiendo por el propio concepto de municipalidad, el cual debe reconocer la calidad unidad básica territorial.
  • Toma de decisiones: Capacidad que tiene el municipio para tomar decisiones relevantes en su ámbito territorial. Reforzar constitucionalmente la autonomía de las municipalidades en el desarrollo de sus atribuciones. Atribuciones municipales. Participación de municipalidades en la adopción de políticas nacionales que deban implementarse a través de los municipios o que tengan impacto comunal.
  • Administración y recaudación de ingresos: Responsabilidad de los municipios en la administración y recaudación de sus recursos, en general no reside en esta instancia.
  • Administración municipal: Nivel de autonomía del que disponen los municipios para elaborar sus propias políticas de administración de personal y definir sus propias orientaciones de gasto.
  • Definición de políticas y estrategias de desarrollo Local.: Definición de sus propias políticas de desarrollo local, cuál es el nivel de supeditación de éste a las preparadas por otras instancias de gobierno.
  • Fortalecer la participación ciudadana: En términos de que en algunas materias sea jurídicamente vinculante.
  • Normativismo municipal: Mayor capacidad normativa comunal de las municipalidades
  • Establecer principios que permitan una mejor gobernanza local con ejes comunicantes hacia el gobierno central: Por ejemplo, el principio de colaboración (Ministerios, gobiernos regionales), el principio de coordinación (Ministerios, gobiernos regionales) y la participación ciudadana.